martes, noviembre 11, 2008

Las dos últimas semanas...

"Los políticos honrados se quitan del medio cuando cae sobre ellos la sospecha."
Antonio Gala

El debate sobre la iniciativa legislativa mediante la cual se piensa reglamentar la reparación de víctimas ha tenido un escollo hasta ahora insuperable: la de incluír en el proceso de reparación a las víctimas de agentes del Estado. Aunque el proyecto cuenta con un amplísimo apoyo de los legisladores, y en la elaboración del mismo han participado todos los partidos, sectores e incluso la ONU, Eduardo Pizarro, Presidente de la Comisión Nacional de Reparación ha hecho declaraciones controvertidas sobre no aceptar la inclusión de este ítem:

No incluírlo es invertir el principio de la buena fe en la víctima. Este principio, que es acogido internacionalmente, consiste en que la víctima no tiene que ponerse a recabar pruebas para demostrar su condición. Eso es contraproducente. Es el Estado, el que recibe los datos y el que debe corroborar que sean verdad. Hay miles de formas de corroborarlo.

Imagínese que una de las madres de Soacha, tenga que ponerse a demostrar judicialmente que efectivamente su hijo fue asesinado por un militar; que tenga que contratar un abogado y esperar un juicio para poder tener derecho a la reparación. Yo he hablado con muchas de las madres de víctimas de agentes de Estado. La mayoría es gente pobre, y sería muy injusto que el Estado no reconozca su responsabilidad siendo quien debería proteger sus derechos. Estas víctimas han sido excluidas de la reparación que ordenó el gobierno por vía decreto, también de la Ley de Justicia y Paz. Otra exclusión sería muy lastimosa para ellas.

Pero es que al aceptar que hay víctimas del Estado es equiparar su actuación con la de los grupos ilegales.

Lo primero que han hecho todos los estados del mundo en los procesos de reparación es el reconocimiento de su responsabilidad por no haber garantizado la protección de los derechos de la gente. Han pedido perdón porque por omisión o comisión vulneró a la población.

No incluir estas víctimas en el proyecto de Ley es inconstitucional. Si el proyecto llega a la Corte Constitucional sin la inclusión de todo el universo, esta de todas maneras lo va a tener que corregir. No reconocer el deber de garantía del Estado es pura terquedad de Uribe.

Una víctima es una víctima, no importa quién sea su victimario. Uno no se siente mejor o peor si sabe que su victimario fue un agente de Estado, un paramilitar o un guerrillero"

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